Un trámite excepcional para un proyecto con calendario apretado
El proyecto de modernización del Estadio de Gran Canaria, clave en la candidatura del archipiélago para acoger partidos del Mundial 2030, ha topado con un escollo administrativo de primer orden: la licitación pública quedó desierta y el Cabildo ha decidido sacar la adjudicación a través de un procedimiento negociado. La maniobra busca salvar los plazos, pero abre un abanico de dudas jurídicas y políticas sobre la idoneidad de la vía elegida y la suficiencia del presupuesto inicial.
La convocatoria original contemplaba un presupuesto fijado en 174 millones de euros. Las empresas constructoras advirtieron de que esa cifra se sitúa en torno a un 40% por debajo del coste real estimado por el sector y señalaron que los plazos fijados para la ejecución resultan excesivamente ajustados. Ante la ausencia de ofertas, el gobierno insular ha optado por una fórmula menos habitual en grandes obras públicas que, según la normativa, sólo puede justificarse en circunstancias concretas.
El presidente del Cabildo, durante una comparecencia pública, anunció la decisión de recurrir al procedimiento negociado y defendió el movimiento amparándose en la legalidad y en la existencia de tiempo suficiente hasta 2030. En sus palabras,
«ahora se abrirá este procedimiento, como establece el marco legal»
La respuesta del Ejecutivo pretende dar una salida rápida para retomar la contratación, pero la medida no elimina la polémica: la Ley de Contratos del Sector Público contempla límites estrictos para esta vía, y los grupos de la oposición y operadores del sector ya observan con atención cualquier señal de modificaciones sustanciales en las condiciones del contrato.
El conflicto se articula en torno a tres ejes principales que marcarán el desarrollo del proyecto y su impacto local:
- Presupuesto: diferencia entre los 174 millones fijados y la valoración del mercado que piden las empresas.
- Plazos: calendario de obra frente a las exigencias que impone la celebración del Mundial en 2030.
- Marco legal: límites para utilizar el procedimiento negociado sin publicidad cuando la licitación previa no produce ofertas.
Para los ciudadanos de la isla y los usuarios habituales del recinto, la paralización de la adjudicación y el eventual retraso en las obras suponen incertidumbre sobre la disponibilidad del estadio para eventos y sobre las repercusiones económicas aisladas que la reforma podría generar (empleo en obra, contratos a proveedores locales y actividad empresarial vinculada).
El sector de la construcción ha dejado claro que, sin una revisión al alza del presupuesto, pocas empresas están dispuestas a asumir una obra de esta envergadura en las condiciones propuestas. La dirección insular, por su parte, sostiene que aún hay margen temporal suficiente y que el procedimiento negociado permitirá ajustar técnica y contractualmente la ejecución.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Presupuesto inicial | 174 millones € |
| Estimación del sector (brecha) | ≈ 40% superior al presupuesto |
| Evento objetivo | Mundial 2030 |
Los próximos pasos previstos por el Cabildo consisten en abrir la ronda negociada con empresas que puedan garantizar la ejecución en tiempo y forma, salvando los condicionantes económicos. No obstante, la opción elegida puede ser objeto de impugnaciones si la oposición o licitadores consideran que se han alterado de forma sustancial las condiciones del contrato respecto a la licitación inicial.
En el terreno político, la decisión del Ejecutivo insular ya ha encendido las alarmas de los partidos en la oposición y de colectivos vinculados a la transparencia en la contratación pública. Estos actores exigirán información detallada sobre los criterios de selección y sobre cualquier ajuste presupuestario que se derive del nuevo procedimiento.
Para la ciudadanía de Gran Canaria, la incógnita ahora es doble: por un lado, la posibilidad de que la remodelación avance y deje un estadio competitivo para 2030; por otro, el riesgo de que los plazos y los recursos no se ajusten como exige una obra de gran magnitud. El Cabildo deberá equilibrar la urgencia con la cautela legal y financiera si quiere evitar nuevos sobresaltos en el cronograma.
