Situación límite en el transporte urbano de Ourense
La plantilla del servicio de autobuses urbanos de Ourense ha situado la prestación al borde de la huelga por los retrasos en el pago de nóminas que vienen sufriendo en los últimos meses. Los representantes de los trabajadores denuncian que no aceptarán ser utilizados como "moneda de cambio" en el enfrentamiento entre el Concello y la actual concesionaria, Avanza, y advierten de movilizaciones si no se regulariza la situación.
Según fuentes de la empresa, la última factura abonada por el Ayuntamiento data de noviembre de 2025. A esa falta de cobro se añade una deuda pendiente derivada de 2024 que la compañía cuantifica en casi cuatro millones de euros. Los trabajadores, por su parte, acusan a ambas partes de una "irresponsabilidad" que les deja sin alternativas: reprochan al gobierno local haber normalizado los impagos a las concesionarias y a Avanza que pretenda escudarse en esa situación para incumplir obligaciones con su personal.
"Nos negamos a que se nos utilice como instrumento en sus negociaciones, en sus luchas de poder y en sus intereses particulares".
El conflicto emerge además en un contexto de bloqueo administrativo de la nueva adjudicación del servicio. La puesta en marcha de la nueva concesión, que debía empezar el 1 de julio adjudicada a la UTE Gavilanes-Sagalés, sigue sin formalizarse por la previsión de recursos de licitadores, entre ellos la propia Avanza. Mientras persista la incertidumbre, los asalariados advierten que responderán y que cualquier paro tendrá consecuencias directas sobre la movilidad de la ciudadanía.
- Retrasos salariales prolongados y acumulación de deuda entre administración y concesionaria.
- Bloqueo en la adjudicación de la nueva concesión desde el 1 de julio.
- Riesgo real de movilizaciones que afectarían al transporte urbano.
Para los usuarios del servicio, las repercusiones son inmediatas: futuras movilizaciones repercutirían en horarios, frecuencias y disponibilidad del transporte, complicando desplazamientos habituales —trabajo, estudios y gestiones— en la capital provincial. La disputa plantea además preguntas sobre la viabilidad financiera del contrato de concesión y sobre la capacidad del Concello para garantizar la continuidad del servicio público.
| Hecho | Dato |
|---|---|
| Última factura pagada por el Concello | noviembre de 2025 |
| Deuda pendiente de 2024 según Avanza | casi 4 millones de euros |
| Inicio previsto de nueva concesión | 1 de julio (sin formalizar) |
La situación exige una actuación rápida y coordinada entre las partes para evitar la pérdida de un servicio esencial. Los vecinos de Ourense seguirán atentos a las decisiones del Concello y a las comunicaciones de la concesionaria y del comité de empresa, cuyo calendario de movilizaciones dependerá de la evolución de los pagos y de los pasos administrativos sobre la nueva adjudicación.
