Fiscalía remite a los juzgados las diligencias sobre la depuradora municipal
La investigación abierta por los vertidos que dañaron el litoral que bordea Telde ha dado un paso decisivo: la Fiscalía de Medio Ambiente ha remitido las diligencias al juzgado tras identificar numerosas irregularidades en la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Silva y en su emisario conocido como 222, de titularidad municipal.
El caso afectó directamente al uso de la franja costera del sureste de Gran Canaria: se produjo el cierre de 17 playas y la aparición de peces muertos en las jaulas marinas de Aquanaria, hechos que motivaron la investigación que la Fiscalía inició en octubre pasado. Según las diligencias, la posible implicación del emisario 222 convierte la infraestructura en una de las líneas centrales para determinar el origen de los vertidos.
- Inicio de actuaciones de la Fiscalía: octubre (del año anterior, según la información disponible).
- Cierre temporal de 17 playas del sureste de Gran Canaria por contaminación.
- Toma de muestras en la depuradora y envío al Instituto de Ciencias Forenses para análisis pericial.
Las muestras recogidas en la depuradora y en su emisario han sido remitidas para la elaboración de un informe pericial que, según la Fiscalía, será determinante para valorar el alcance ambiental y si los hechos pueden constituir un delito contra los recursos naturales o la salud pública.
"Los controles e informes técnicos no señalaban responsabilidad municipal alguna", señaló en su momento la administración local, postura que ahora deberá enfrentarse al avance de la investigación judicial.
El traslado de las diligencias al juzgado añade una nueva dimensión al asunto: deja de ser una investigación administrativa y elevan la exigencia de transparencia y de responsabilidades. Para los vecinos de Telde y para los sectores que dependen del litoral —pesca, acuicultura y turismo—, la continuidad del procedimiento judicial será clave para aclarar responsabilidades y para establecer medidas de reparación y prevención.
Además de su repercusión en la salud ambiental, la investigación pone el foco en la gestión municipal de una infraestructura estratégica. La Fiscalía ha apostado por que el análisis forense sea el elemento técnico que permita delimitar la cadena de responsabilidades y el posible alcance penal de los hechos.
En el ámbito local, la evolución del caso determinará decisiones futuras sobre controles de vertidos, vigilancia de emisarios y protocolos de respuesta ante episodios de contaminación costera. Mientras tanto, la comunidad costera y los usuarios de las playas permanecerán pendientes del contenido del informe pericial y de los pasos procesales que ahora se abren en la vía judicial.
